¿Es Necesario el Examen de Barra en Panamá?

Ponencia del Lic. José Antonio Brenes Tovar durante el 1er. Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, 30 de Mayo 2012

Uno de los principales acuerdos incluidos en el Pacto de Estado por la Justicia, documento que ha sido olvidado recientemente por nuestras más altas autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, es el establecimiento de un nuevo marco legislativo para la regulación del ejercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá.

Nace dicho acuerdo de una realidad que todos debemos considerar: La actual Ley de Ejercicio de la Abogacía, o Ley 8 de 1984, adolece de algunos defectos, ha sufrido embates judiciales serios, sobretodo en el aspecto de la colegiatura obligatoria, y no se ajusta a la realidad que hoy enfrentamos en el diario ejercicio de la profesión, en especial en los aspectos éticos del ejercicio profesional.

El principal aspecto que a mi consideración merece atención de todos los que hoy ejercemos la profesión, es el profundo cambio en la realidad fáctica del ejercicio de la profesión. Cuando la Ley 8 de 1984 fue aprobada solamente existían 1,500 abogados con idoneidad para el ejercicio de la profesión. En ese momento la población de nuestro país no sobrepasaba la cifra de 2.25 millones de habitantes, lo que significa en cifras estadísticas 1 abogado por cada 1,500 habitantes.

Dicha Ley cambió los requisitos de idoneidad, reforzando la colegiación obligatoria, pero dejando a un lado el control de la calidad del conocimiento jurídico a las universidades que en ese momento expedían títulos de licenciatura en derecho.

En ese momento eran solo dos: La Universidad de Panamá, y la Universidad Santa María La Antigua. Los legisladores del momento no vieron ni la necesidad ni la conveniencia de asegurar la calidad de los títulos que expedían dichas entidades.

El mismo estaba asegurado según la idea de la época, y por tanto no era necesario exigir una calidad del aprendizaje más allá de la que constitucionalmente se otorgaba a la Universidad de Panamá. Como solamente existía en ese momento en Panamá una sola universidad privada, la USMA, el trabajo de la Universidad de Panamá en asegurar la calidad de los títulos otorgados por dicho centro de estudios no era un tema que despertase mayores preocupaciones.

Así pues, la conclusión plasmada en la Ley 8 de 1984 era que para el ejercicio de la profesión era necesaria la expedición por la Sala 4ª de la Corte Suprema de Justicia de una idoneidad profesional y bastaba para su emisión por dicho ente la existencia de un título de licenciatura en derecho expedido por la Universidad de Panamá, por la USMA o por otras entidades reconocidas por la Universidad de Panamá.

En el año 1999, 15 años después de ser aprobada, la realidad había sufrido mayores alteraciones. La cantidad de universidades otorgando títulos de licenciatura en derecho reconocidas por la Universidad de Panamá solamente era de 4, e incluyendo a la Universidad de Panamá un total de 5 expidiendo títulos de licenciatura en derecho. No obstante, la cantidad de idoneidades otorgadas había incrementado a casi 5,000, y la población en ese momento era de 3,100,000 de habitantes aproximadamente, dando como resultado un promedio de 1 abogado por cada 690 habitantes.

Seamos claros; los números no son lo importante, pues la competencia debe enriquecer la calidad. Pero el problema que existía en 1999 y el principal cambio que había sufrido la profesión era la desmejora evidente en la calidad del conocimiento del profesional del derecho, asunto cualitativo que solamente es posible medir mediante evaluaciones periódicas, como aquellas que debía realizar la Universidad de Panamá respecto de los planes de estudio y carreras ofrecidas por las 4 universidades privadas, y que para esa fecha ya estaba sufriendo de desdeño e inoperancia.

El asunto era aún más preocupante cuando la calidad ética y moral del abogado promedio había también sufrido desmejora, exacerbada cuando la entidad que por excelencia debía asegurar la calidad ético-moral de sus miembros, el Colegio Nacional de Abogados, había sido herida profundamente por un fallo de la Corte Suprema que al dejar incierta e inaplicable la colegiatura obligatoria, había cercenado el mejor aliciente que tenía dicha entidad para asegurar que los fallos del tribunal de ética fueran un incentivo para continuar con un alto estándar en la calidad del ejercicio de la profesión.

13 años después, y casi 30 desde que se aprobó la Ley 8 de 1984 la realidad ha sufrido aún mayores alteraciones. La cantidad de universidades y centros de estudios ofreciendo licenciaturas en derecho aprobadas por la Universidad de Panamá hoy es más de 12 y por tanto son más de 12 las universidades que están graduando personas que pueden prácticamente ejercer la profesión desde que se gradúan.

Hoy son más de 16 mil las idoneidades expedidas, y nuestra población ha crecido hasta casi 3,750,000 habitantes. A un crecimiento de más de tres veces la cantidad de abogados, la población ha crecido solamente en 500,000 personas. Hoy tenemos 1 abogado por cada 234 habitantes. Y nuevamente advierto, los números no son el problema.

El problema principal radica en que los abogados que están siendo graduados por la mayoría de las escuelas de derecho, no reciben la mejor educación ético-moral. Casi que la conclusión clara es que estamos graduando abogados por el negocio de graduar abogados y no velando realmente por la calidad de la enseñanza del derecho y de los principios éticos morales del ejercicio de la profesión. Una conclusión radical para algunos, generalizada erroneamente para otros y correcta para otros. Pero sustentada en una realidad que hoy es noticia de todos los medios.

La Universidad de Panamá no ha sido efectiva en su papel de fiscalizador de la calidad de la enseñanza superior, y ha tenido que intervenir el Ministerio de Educación, en conjunto con otras universidades oficiales, para asegurar la calidad de los programas aprobados y los centros de estudios que los administran, en la enseñanza de carreras universitarias. Y seamos claros, el derecho es una parte esencial de esos programas que por muchos años recibieron aprobación inmediata y cero fiscalización posterior.

Esa falta de efectividad en la fiscalización de los programas de licenciatura de derecho ocasionó una explosión en la cantidad de títulos de derecho otorgados sin parangón ni comparación con otros países.

Es importante aclarar que ello nada tiene que ver con el acceso de sectores de escasos recursos a la posibilidad de obtener títulos de licenciatura en derecho, pues estamos hablando de centros de estudios privados, con significativos costes de colegiatura, en muchos casos de difícil acceso para aquellos estudiantes de escasos recursos con deseos de superación profesional. Así que no es un problema social sino un desmedido deseo lucrativo, en el lucrativo negocio de la enseñanza superior.

Ante el problema y la realidad, también es importante aceptar y admitir que la organización gremial no ha actuado con diligencia. Desde el año 1994 hasta el año 2001 no hubo un esfuerzo serio por adelantar una solución al problema legal existente. Casi que podríamos afirmar que el gremio de abogados, cercenado por el fallo de 1994 se dedicó a lamentar el mismo, sin ofrecer una solución distinta que golpear la cabeza contra la pared y rasgar vestiduras. Además, dicha actitud condicionó negativamente la posibilidad de que se presentasen opciones para adecuar la Ley 8 de 1984 a la realidad del ejercicio de la profesión.

Luego del año 2001 al año 2005 hubo esfuerzos que siempre adolecieron de un problema mayor: La falta de unanimidad interna del gremio de abogados cuando se trata de proponer soluciones. Nada más claro para demostrar el dicho que cuando tienes un abogado tienes 2 opiniones. Si en el año 2005 había ya 8,000 idoneidades, o más de 3,000 miembros en el Colegio Nacional de Abogados, mayor imposibilidad de unanimidad en cuanto a las soluciones se podían encontrar en el gremio.

En el año 2005, al terminar el trabajo de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, y ante la conclusión de la necesidad de un nuevo marco regulatorio para la profesión, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados designó una comisión para estudiar el problema de las falencias de la Ley 8 de 1984 y culminar el esfuerzo iniciado por las Juntas Directivas del CNA desde el año 2001. Dicha Comisión culminó su trabajo con la entrega de un borrador del Anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Abogacía.

El citado Anteproyecto, que hoy día en su esencia es el Proyecto de Ley 405 que está en el orden del día para la consideración de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, reconoce la existencia de varios problemas que pretende abordar con soluciones legislativas:

1. La necesidad de asegurar la colegiación obligatoria, existente bajo la Ley 8 de 1984, pero que no está siendo cumplida por la Corte Suprema de Justicia.
2. La necesidad de dotar a los abogados de una nueva estructura gremial, acorde con la realidad del fallo de 1994.
3. La necesidad de dotar al gremio y a los profesionales del derecho de una jurisdicción de ética profesional efectiva y que suponga una primera instancia con poder coercitivo, a cargo de los propios profesionales de la abogacía.
4. La conveniencia de reorganizar las facultades, derechos, obligaciones e incompatibilidades de los profesionales del derecho, hoy dispersos en numerosas disposiciones de numerosas normas legales.
5. La conveniencia de asegurar una mayor efectividad y calidad del conocimiento de los licenciados en derecho, previo al otorgamiento de la idoneidad profesional, mediante la adopción de un examen de suficiencia profesional, y con posterioridad a la emisión de la idoneidad, con un requerimiento de educación continuada, aplicable a todos los abogados en ejercicio sin excepción.

El resultado de ese estudio atendió una realidad. La conveniencia del examen de suficiencia profesional, para asegurar que los abogados idóneos mantuviesen un estándar uniforme mínimo de conocimiento del derecho para el ejercicio de la profesión.

Pero ¿qué es el examen de suficiencia profesional?
Lo llaman Examen de Barra porque en países de incidencia anglosajona como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros, la asociación profesional obligatoria para abogados idóneos se llama Bar. Prefiero un término más acorde con nuestra ascendencia. No tenemos Barra y no creo que la idea del examen sea unirnos a un club. La idea del examen que es exigido en otras jurisdicciones, es asegurar que los conocimientos del abogado tengan un mínimo exigible antes que dicho abogado pueda ejercer la profesión, tanto en el sector público como en el sector privado.

Así, el Examen de Suficiencia Profesional es el examen impartido por la entidad que expide idoneidades, que procura medir con medios objetivos el nivel de conocimiento de los profesionales del derecho que han recibido títulos de escuelas de leyes, y asegurar que dichos conocimientos alcancen un mínimo para el ejercicio de la profesión y expedición de la correspondiente idoneidad.

No es algo nuevo y exista en numerosas jurisdicciones, incluyendo en varias cuya influencia proviene del sistema de derecho romano germánico. Ejemplos tenemos en España, Colombia, Argentina, Alemania, Italia, países de sistema romano-germánico. Los nombres son varios, y los métodos también.

En algunos países son las organizaciones gremiales profesionales las encargadas de la administración. En otros son los tribunales de justicia. En otros es el Ministerio de Justicia o el órgano ejecutivo. En los países anglosajones son las organizaciones profesionales (Bars) y los tribunales de justicia quienes han administrado la realizacion del examen, por excelencia.

En España, cuyo ejemplo es digno de mencionar, el estudiante, previo a la recepción del título de la escuela de derecho debe completar requisitos propios de la escuela, entre los cuales están exámenes de reválida. Luego debe cumplir con requisitos necesarios de exámenes de suficiencia para el ejercicio de la profesión, ya sea en el sector privado como en el sector público, administrados por el Ministerio de Justicia. Y por último y algo novedoso, debe cumplir un mínimo de horas de práctica profesional obligatoria.

El objeto de los exámenes de suficiencia profesional no es limitar el acceso a la profesión. En todas las jurisdicciones en las que existe dicho examen, existe la misma realidad.

Numerosas escuelas otorgando títulos profesionales de licenciado en derecho (o doctor o como lo llamen en esas jurisdicciones), sin una entidad que asegure uniformidad en los mínimos de la calidad de la enseñanza o que exigiéndola, no la aseguran con una visión profesional desde el punto de vista el ejercicio del derecho. En todas esas jurisdicciones el examen de suficiencia profesional no ha significado una disminución en la cantidad de abogados con idoneidad, y menos aún ha significado que personas de escasos recursos puedan acceder a ese ejercicio.

De hecho, se reconoce que en todas esas jurisdicciones el examen de suficiencia profesional ha permitido mayor acceso a personas de recursos limitados por tres circunstancias reconocidas por expertos en esos países:

1. Porque esos exámenes son impartidos a bajo o ningún costo lo que supone que todos tengan acceso al mismo.
2. Porque en esas jurisdicciones la calidad de la educación impartida en escuelas de derecho públicas o administradas por el Estado es casi igual, igual o superior que la de las universidades privadas.
3. Porque en aquellas jurisdicciones cuyas escuelas de leyes privadas son superiores a las públicas en su calidad, generalmente tienen programas de ayudas o asistencia a estudiantes de recursos limitados que aseguran que tengan la oportunidad, rara vez desaprovechada, de optar por una educación de mayor calidad.

Yo concluiría, sin desmérito de los expertos respecto a Panamá, en que todos reconocemos que el nivel de calidad de enseñanza profesional de la escuela de leyes de la Universidad de Panamá es igual o superior al de la mejor universidad privada del país. Por tanto, las circunstancias reseñadas en otros países, son a nuestro juicio exactamente aplicables en Panamá.

Entonces la propuesta del Colegio Nacional de Abogados no tiene ningún interés de limitar el ejercicio de la profesión. Los motivos son iguales que los existentes en otros países. La preocupación gremial que produjo la propuesta es simple, como lo concluyó la comisión en el año 2006.

Es interés común de todos los profesionales del derecho que ejercemos la profesión asegurar que quien ostente una idoneidad tenga conocimientos mínimos del derecho como requisito previo a obtener la idoneidad para el ejercicio profesional. Esto en adición a la colegiación obligatoria y en adición a otros requisitos que procura en Proyecto de Ley 405, como lo es el que los profesionales que ya tengan idoneidad reciban formación profesional continua y cumplan con horas mínimas de formación anuales para mantener la colegiación.

La propuesta presentada incluye algunas características importantes:
1. Supone la administración del examen por una comisión integrada por tres entidades:
a. Los colegios o colegio de abogados.
b. La Corte Suprema de Justicia.
c. Las facultades de derecho existentes en Panamá, reconociendo la preeminencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
2. Supone la gratuidad del examen y ningún límite en la cantidad de veces que puede ser ejercido el derecho.
3. Supone de estándares y procedimientos uniformes, independientemente de la procedencia del candidato al examen.
4. Supone de un periodo de gracia para los estudiantes que actualmente cursan la carrera en Panamá.
5. Supone la existencia de la facultad de revisar la calificación para aquellos candidatos que no han cumplido el mínimo exigido.

Con todas esas características y las explicaciones anteriores, es difícil que se pueda argumentar contra la propuesta. No obstante hay algunos argumentos interesantes que es bueno compartir y comentar.

El primer argumento es que el estudiante después de cinco años de escuela de leyes, una tesis o práctica profesional, tendría una nueva barrera de acceso a la profesión. La respuesta es sencilla. Esos 5 años y esa práctica o tesis seguramente son lo suficiente para superar el examen sin mayor esfuerzo adicional, salvo realmente esos 5 o más años no hayan estado encaminados a aprender el derecho.

Otro argumento es que es una propuesta elitista. Bueno, sí, es elitista en cuanto a exigir calidad, no en cuanto a buscar que la profesión la ejerza solamente una élite económica, política o social. Nada de lo propuesto implica barreras encaminadas contra un grupo económico, político o social, y las características de la propuesta hacen que el acceso sea igual para todos. Si hay algo que implique ello, busquemos la forma de modificarlo para evitar ese mismo efecto.

Otro argumento es que está encaminado a que los estudiantes de la Universidad de Panamá no puedan ejercer la profesión al imponerles a ellos un examen adicional. Respuesta sencilla: Sería el mismo requisito para todos y no solo para los estudiantes de la Universidad de Panamá. Es más, estoy seguro que los estudiantes de la Universidad de Panamá, por la reconocida alta calidad de la enseñanza del derecho que reciben, no tendrían mayor problema en superar el requisito, y estoy seguro que menos problema que aquellos estudiantes de escuelas de derecho cuya calidad de la enseñanza podría estar en cuestión.

Otro argumento es que no debe ser administrado por la comisión como se ha propuesto, sino por los gremios de abogados, o por la Corte o por las facultades de derecho. Bueno, hay tantas opiniones que se ha preferido por una que involucre a todas las anteriores, y no una que haya preeminencia de una entidad o método sobre los otros. Eso porque es muy difícil tener contentos a todos.

¿Ahora bien, es necesario el examen de suficiencia profesional?
No me gusta la palabra necesidad. Denota que no hay otra opción. En estas circunstancias, hay una necesidad de adoptar una solución.

Creo firmemente que la más conveniente para asegurar una solución práctica más no inmediata a la falta de uniformidad en los conocimientos mínimos para ejercer la profesión del derecho es el examen de suficiencia profesional, ya que como gremio que somos los profesionales, debemos asegurar que la calidad de quienes ejercen la profesión sea la más alta. Nuestra desprestigiada profesión así lo demanda; o los que nos preocupamos por su deteriorado estado así lo demandamos.

Es, no obstante una propuesta que tiene muchos oponentes, y que sin embargo no ha recibido una contrapropuesta que válidamente ofrezca la misma garantía de solución al problema detectado.

Pero la solución del examen profesional no es una necesidad. Es una solución que conviene. Más que necesaria es conveniente, y esa conveniencia es lo que ha llevado a ser una propuesta en firme para su discusión, a pesar de tener más de 6 años de haber sido propuesta y haber sido discutida en repetidas ocasiones con profesionales y con estudiantes de derecho.

Estudiemos el sistema antes de criticarlo; invito a que busquemos juntos una solución. E invito a quienes se han negado a discutirla a que conversemos para juntos buscar la mejor solución.
Muchas gracias.
 
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